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Los derechos de las personas inmigradas

Que la inmigración aumenta de una manera lenta pero imparable, es un hecho que según las estadísticas preocupa en primer orden a los ciudadanos. Pero también hay otras constataciones a las cuales no se les da tanta relevancia, como son los grandes ingresos de las arcas del estado, que a todos favorece, por las aportaciones de los trabajadores inmigrados, los beneficios que obtienen los empresarios que los contratan o incluso, por qué no, la riqueza cultural que siembran en nuestra sociedad.
Pero mientras continúe el proceso de globalización económica mundial, continuarán llegando personas desde países con economías inferiores a las de una sola de las empresas multinacionales. Así pues, hemos de considerar la inmigración como la expresión demográfica de esa globalización económica, la cual moviliza enormes contingentes de personas de países ahogados por la deuda externa y la falta de inversiones que eliminan las posibilidades de desarrollo. Pero el drama no se acaba cuando salen de sus países, continúa en los países de llegada, donde se les explota y se les mantiene apartados, sobre todo a los considerados "sin papeles" que son los más.
Pero aún la situación general dista mucho de estar normalizada, el problema, en mi opinión, es que mientras repetimos sin cesar la necesaria integración de las personas inmigradas dándole a ésta multitud de significados algunos de ellos contradictorios, mantenemos a los inmigrantes en las más absoluta falta de derechos políticos y ciudadanos, a parte de los derivados de sus obligaciones como trabajadores, cotizaciones y prestaciones sanitarias.
Por eso consideramos que es un paso necesario para nuestra sociedad que las personas inmigradas tengan el derecho a voto en las próximas elecciones municipales. Han de tener ese derecho a escoger los representantes políticos directos en la ciudad, porque al igual que nosotros, viven, trabajan y contribuyen en todos los ámbitos de la sociedad. No habrá una verdadera integración mientras las personas inmigradas no tengan plenos derechos de ciudadanía.

Modesto Olivera
(EUiA)